TIJUANA.- Con el objetivo de apoyar a que más transportistas puedan estar al corriente en sus trámites y regularizar sus servicios, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, emitió una prórroga al decreto “Borrón y Cuenta Nueva”, que les permite fortalecer su economía y calidad de vida.

La mandataria estatal explicó que el decreto publicado en el mes de febrero condona el 100 por ciento del pago de los derechos generados por concepto de revalidación de tarjetas de circulación y revisión mecánica correspondientes a los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, para los prestadores de servicio de transporte público y privado, en todas sus modalidades, tipos, y permisos, siempre y cuando el vehículo se encuentre vinculado a una concesión o permiso vigente.

De la misma manera, se condona el 100 por ciento las multas y recargos que se hayan generado por la falta de pago oportuno de estos mismos derechos fiscales, lo cual va a acorde a la visión de una política social que busca mejorar el ingreso de todas y todos los trabajadores del estado, incluidos quienes se dedican al transporte público.

“Este primer decreto tenía fecha de vencimiento el pasado 30 de marzo. Sin embargo, con el objetivo de que más transportistas puedan aprovecharlo, el Gobierno del Estado emitió una prórroga que extiende este beneficio hasta el 31 de mayo próximo”, agregó el director del Instituto de Movilidad Urbana Sustentable (IMOS), Jorge Alberto Gutiérrez Topete.

El funcionario estatal informó que los requisitos para poder acceder a este decreto, además de los aplicables en cada trámite, son: la documentación original con la cual se acredite tener la legítima representación sobre la concesión, o en su caso, la titularidad del permiso del que se trate, así como realizar el pago correspondiente a estos trámites, para el ejercicio 2024, en una sola exhibición.

Finalmente, Gutiérrez Topete invitó a las y los transportistas, permisionarios y concesionarios de las diferentes modalidades de transporte, a aprovechar este histórico decreto, que promueve la regularización de estos servicios en beneficio de la seguridad de las personas usuarias y reafirma la visión social y humanista de la administración estatal.