mar. Dic 24th, 2024

MEXICALI.- El secretario de Educación del Estado, Gerardo Arturo Solís Benavides, informó que Baja California pone en marcha el Proyecto de Seguimiento a la Apropiación del Plan y Programa de Estudios 2022 en Educación Básica.

Expresó que en la entidad, por convicción de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, se brinda todo el apoyo para el desarrollo e implementación de la política educativa del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para lograr la transformación educativa.

“La Nueva Escuela Mexicana (NEM) implica rupturas con modelos educativos anteriores, que no respetaron la diversidad, los territorios y contextos; se busca hacer posible una educación que construye posturas humanistas, críticas, científicas, demodiversas, artísticas y plurales en niñas, niños y adolescentes para que definan su lugar en el mundo, en su país, su comunidad y familia”, enfatizó Solís Benavides.

En este contexto, señaló que Baja California asume el compromiso de una profesionalización constante que permita mejorar el nivel académico día a día, trazando acciones para reducir la brecha de desigualdad y sobre todo erradicar la deserción académica.

Por lo anterior, dijo, este proyecto surge en respuesta a la necesidad de contar con información sobre la manera en la que el personal directivo y docente de las escuelas públicas de educación básica, así como las niñas, niños, adolescentes y sus familias, ponen en práctica el planteamiento curricular de la Nueva Escuela Mexicana.

Su aplicación, explicó el secretario, permitirá identificar la manera en la que agentes de educación, dirección y docentes de las escuelas públicas de educación preescolar, primaria, secundaria, así como los servicios de educación inicial y especial, llevan a cabo la apropiación del plan y los programas de estudio, mediante un proceso de seguimiento cuantitativo y cualitativo.

La Nueva Escuela Mexicana reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como personas con identidad propia que tienen garantizado el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, culturales y educativos, igual que las maestras y los maestros, las autoridades educativas y el resto de la sociedad.