mar. Dic 24th, 2024

MEXICALI.- Con el objetivo de capacitar, sensibilizar y profesionalizar a quienes están directamente involucrados en la impartición de justicia, el Instituto de la Mujer de Baja California (INMUJER), comenzó un programa de capacitación dirigido a agentes de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con CEJUM, CEDH, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California y la Secretaría General de Gobierno.

Durante el arranque de dicho programa, Karla Pedrin Rembao, directora general de INMUJER hizo hincapié en la importancia de aplicar la perspectiva de género en la práctica, siguiendo la estructura del proceso penal, así como el papel de Fiscalía durante todo su desarrollo considerando en todo momento la debida diligencia y un trato digno, eficaz y de calidez a las víctimas directas e indirectas de violencias de género.

Durante la capacitación se vieron temáticas de normatividad básica en materia de violencia de género y estándar de competencia EC0539; atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género.

El estándar EC0539 fue creado para certificar las competencias de las personas que determinan la problemática y asesoran de manera presencial a las mujeres y víctimas de la violencia basada en el género, desde la perspectiva de género y en estricto respeto a los derechos humanos de las mujeres a través del análisis del caso para la orientación, asesoría o canalización en correspondencia con las necesidades de las usuarias para garantizar su bienestar.

Al momento van más de 20 agentes del ministerio público de diferentes módulos de la FGE en los diferentes municipios de la entidad, mismos que estarían replicando la información, con esto se prevé contar con más de 300 elementos sensibilizados y sensibilizadas en temas de atención a mujeres en situación de violencia.

Esta acción se da en seguimiento a la medida de prevención IV, de la Alerta de Violencia de Género, en donde se recomienda implementar un programa de especialización obligatoria en la atención a víctimas para primeros respondientes, policías estatales y municipales, jueces y juezas, ministerios públicos, defensoría pública, entre otros.